“¿De qué libertad de elegir me hablas?”. Probablemente usted ha escuchado más de alguna vez esta frase. Porque ese concepto, la “libertad de elegir” se ha tomado la discusión pública en varias áreas, pero especialmente –en las últimas semanas, en torno a la salud– ha estado cruzado por irreconciliables diferencias de opinión. Desde intercambios epistolares y columnas en los diarios hasta la deliberación constitucional del Consejo designado por el Congreso, denominado coloquialmente como “experto”.
Algunos sostienen que una persona pobre no puede tener una verdadera libertad de elegir, ya que no cuenta con los recursos necesarios para optar por un sistema distinto al estatal, que es gratuito.
Lo que no se dice es que, justamente a aquellas personas con mayor vulnerabilidad económica, se les termina perjudicando más, cuando se cercena su derecho a elegir libremente, cómo se constata en la actualidad.
Vamos viendo.
Los pacientes que no reciben ingresos se encuentran categorizados en el llamado “tramo A” de Fonasa. Los tramos siguientes se organizan en torno a los $440.000 y los $642.400. Es decir, los usuarios son asignados a los tramos B y D respectivamente, cuando tienen ingresos por debajo y por sobre esos límites. Finalmente, en el tramo C se ubican quienes tengan ingresos entre ambos montos.
Es importante saber que de las 15.613.584 personas que están en Fonasa, son 3.061.800 que se encuentran en el tramo A. Aquellos, que por definición son los más pobres entre los pobres, son discriminados injustamente por el Estado porque se les impide acceder a la Modalidad de Libre Elección (MLE), es decir a comprar los populares “bonos Fonasa”.
Esto, bajo el argumento –incluso declarado en la página web– de que “no tiene acceso a compra de bonos, pues es carente de recursos”. En suma, el Estado decide no reconocerles el mismo derecho que tienen los otros usuarios, solo por ser pobres.
Entonces, ¿es posible que una persona que no tenga ingresos pueda elegir? Claro que sí. Y para aquello, el Estado debe financiar más aquellos que tienen menos, con el objetivo de resolver sus problemas de salud. Es decir, en vez de simplemente negar la libertad de elegir, hacerla posible con un mayor y más focalizado apoyo estatal.
De hecho, muchos pacientes de los tramos B, C y D logran resolver sus problemas de salud con los denominados “Bonos PAD” (Pago Asociado a Diagnóstico) que les permite atenderse en prestadores particulares mucho más rápido que en el sector público y a un precio mucho más razonable que si lo hicieran por la cobertura habitual de Fonasa. Son miles de atenciones de partos, cirugía de vesícula e incluso cirugía bariátrica que se hacen cada año con esta modalidad, a la que lamentablemente no pueden acceder los pacientes del tramo A.
Lo más grave es que no sólo se discrimina a estos pacientes no pudiendo acceder al financiamiento de la libre elección, sino que además se les condena a pagar con su salud por las ineficiencias del sistema. Según acaba de informar el ministerio de salud existen 55.326 cirugías (no GES) pendientes de realizar a pacientes del tramo A. Asimismo, hay 479.578 atenciones por especialista que aún siguen en las listas de espera en este grupo. Para ellos, sólo les queda esperar por años para atenderse en el sistema público. Es ahí donde vale la pena preguntarse: ¿de qué sirve tener un sistema estatal gratuito si la atención nunca llega o se hace años después de cuando realmente se necesita? Para garantizar la libertad de elección, se debe avanzar en fortalecer los derechos de las personas (dando más recursos a quienes más lo necesitan) y no en hipertrofiar a las instituciones estatales que han demostrado consistentemente no respetar la oportunidad de acción de todos los usuarios. Urge una reforma a la salud.
Jorge Acosta
Director del Programa de Salud y Bioética
Publicación original: https://www.radioagricultura.c...
