El nuevo proceso constituyente chileno, que nace a raíz del rechazo a la propuesta de nueva Constitución de la anterior Convención Constitucional el pasado 4 de septiembre de 2022, avanza, de momento, en buena forma, al menos en estos primeros meses de debate.
La primera instancia de discusión, es decir, en la etapa de los denominados expertos, designados por las distintas fuerzas políticas del Congreso Nacional, tiene como misión otorgar un anteproyecto de texto fundamental que sirva de base para el debate de los Consejeros Constitucionales, evitando partir desde una hoja en blanco como fue en la experiencia anterior.
Por consiguiente, los Consejeros electos son los que tendrán la última palabra en la propuesta de nueva Constitución que será votada por los chilenos, a favor o en contra, en el plebiscito con voto obligatorio en diciembre del presente año.
A pocas semanas del término de esta primera fase, los expertos ya han aprobado las normas para el proyecto base y han realizado modificaciones o enmiendas en un ambiente que se ha caracterizado gratamente por el diálogo con altura de miras, la colaboración y los acuerdos, lo que por cierto contrasta duramente con la experiencia anterior.
Sin embargo, no se puede desconocer que los denominados expertos, a la hora de consagrar ciertos principios, derechos y libertades enfrentan importantes nudos que dicen relación a la visión de sociedad que predominan en los sectores políticos que los designaron.
Así, desde un punto de vista jurídico-político, el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho y su contenido, que es un elemento que debe incorporarse obligatoriamente por el acuerdo que permitió este nuevo proceso, se encuentra abiertamente en disputa por todos los sectores, en específico, respecto a su compatibilidad con el principio de Subsidiariedad del Estado.
Para algunos, el Estado Social es aquel que exige un reconocimiento y garantía para los ciudadanos de la provisión de ciertos derechos sociales, ya sea provisto de instituciones estatales o particulares, pero donde la sociedad civil es la protagonista activa de la consecución del Bien Común.
Para otros, un Estado Social es aquel en que el Estado toma el predominio o protagonismo en la satisfacción de los derechos sociales, robusteciendo el aparato estatal y sus atribuciones, en desmedro de la sociedad civil y los privados, que solo toman un rol de colaborador en un relativo ámbito de acción.
Dicho debate no queda en el plano teórico, sino que impregna las distintas propuestas sobre salud, educación, vivienda o economía entre otras materias, tan sentidas por las familias chilenas que buscan acceder a buenos servicios y ver satisfechos sus derechos con la libertad no solo de escoger sus proveedores entre instituciones estatales o privadas, sino también de participar activamente en la provisión de dichas necesidades.
Lamentablemente, en estos temas específicos, los expertos no lograron alcanzar todos los acuerdos necesarios para consagrar dichas libertades, por lo que será responsabilidad de los Consejeros Constitucionales recientemente electos, de representar a la ciudadanía y continuar en el trabajo de redacción de la Constitución sobre el texto base de los expertos.
Dado que en esta elección, los partidos de la centro derecha y derecha ganaron por amplia mayoría a los sectores de izquierda, tendrán la oportunidad, si logran los consensos necesarios, de proponer y aprobar las mejoras que la Constitución requiera. Por su parte, los sectores de izquierda del Consejo, pertenecientes a la coalición que actualmente Gobierna en Chile, tienen la obligación de abandonar sus ideas refundacionales que provocaron el fracaso del anterior proceso, y lograr redirigir sus esfuerzos para lograr un texto fundamental de acuerdos, respetando la tradición constitucional chilena.
Es de esperar entonces que, con el objeto de dar término al problema constitucional y permitir la posibilidad de redirigir el foco en las urgencias sociales que la ciudadanía demanda, continúe el ánimo colaborativo de todos los sectores políticos y se pueda consagrar un Estado Social al servicio de las personas, respetuoso con la libertades fundamentales y el progreso social y económico de todo el país.
Ricardo Hernández, Director del Programa Constitucional
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