Los usuarios de Isapres, pero también de Fonasa, que no tuvieron responsabilidad alguna, son los que terminarán pagando los platos rotos de políticas públicas mal hechas y ejecuciones mal reguladas.
El fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores que deberían haber aplicado las Isapres ha generado una gran controversia, esto especialmente después del mandato de la misma Corte para definir una política pública para resolver este problema.
Sabemos que el tema de la salud tiene un historial bastante complejo, la judicialización de los cobros, la normalización de esa situación y la nula acción por parte de gobiernos, oposiciones y Parlamento en general nos ha llevado a un punto bastante complejo. Además, no es un mito para nadie decir que no solamente están en juego cuestiones económicas, sino que también una agenda ideológica.
La primera discusión parte en torno a si es legítimo que la prestación de los servicios relacionados con la salud puede ser provista por privados o no. En nuestro país, tenemos un sistema mixto, en que la prestación misma la puede satisfacer algún privado, pero también el financiamiento. Esto efectivamente es una novedad, porque permitir con una cotización mandatada por ley, elegir una institución privada, ha hecho que el mercado privado de la salud aumente, pero también la posibilidad de elegir el sistema de salud no esté restringida solo para los más ricos, sino que también para una parte importante de la clase media.
La segunda discusión se produce respecto a qué hacer ahora frente al problema que se produjo. Si se reconoce o no una deuda de las Isapres con los usuarios, cuestión que puede ser bastante compleja políticamente, y si se reconoce, en qué tiempo y forma tal deuda debería ser pagada.
Ambas cuestiones las debe resolver el poder político en las próximas semanas y evidentemente cada una de las opciones tiene particularidades que enredan bastante la discusión.
Lo que sí se plantea como una situación descriptiva, pero revela una crisis fundamental en la política, es la falta absoluta de gestión por parte del Estado. Las Isapres son entes regulados, cuya regulación nos cuesta bastantes recursos públicos, tienen el mandato de cumplir la ley, cuya elaboración nos cuesta bastantes recursos públicos y ambas cosas están muy mal hechas.
Observamos día a día los medios de comunicación, las responsabilidades que se atribuyen unos a otros, pero hay una cosa clara: la responsabilidad más grande no la asumirán aquellos quienes más les afecta esta decisión.
Los usuarios de Isapres, pero también de Fonasa, que no tuvieron responsabilidad alguna, son los que terminarán pagando los platos rotos de políticas públicas mal hechas y ejecuciones mal reguladas.
Muchas veces se ha cuestionado a ciertas “industrias” la poca habilidad comunicacional que tuvieron para defender la justificación de su existencia, la situación actual también es una enseñanza para los usuarios, que debemos defender activamente la posibilidad de elegir, no solamente cuando vemos esta opción disminuida o perjudicada, sino que de forma constante en la sociedad actual.
José Francisco Lagos, Director Ejecutivo
Texto original: https://ellibero.cl/opinion/se...
