En su segunda cuenta pública el Presidente Boric anunció que a fines de julio insistirá con el proyecto de reforma tributaria en el Senado tras su rechazo en la Cámara de Diputados a principios de marzo. Es decir, por segunda vez en el 2023 la discusión sobre la carga impositiva vuelve a estar sobre la mesa. En esta ocasión el gobierno subraya que muchos de sus compromisos y proyectos están supeditados a la aprobación de la reforma. Así, tanto la denominada “deuda histórica” con los profesores, como la condonación del CAE y el aumento de la pensión garantizada universal están sujetos a la aprobación del proyecto. Boric afirmó con contundencia: “Ni este gobierno ni ningún otro podrán avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no con una reforma tributaria”.
Según Hacienda, la reforma recaudaría el 3,6% del PIB (US$ 11.000 millones aprox), no obstante, el financiamiento de los proyectos del gobierno no pasa -como cree el Ejecutivo- necesariamente por un alza de impuestos. Miremos algunos datos: según la ley de presupuestos, el gasto público iba a crecer un 4,2% este año y según la Dipres, los programas sociales mal evaluados suman casi US$ 3.200 millones; o sea, se puede ahorrar y ser más eficiente en el uso de los recursos de los chilenos. Por otro lado, cada punto de crecimiento implica más de US$700 millones para el fisco vía impuestos, en consecuencia, se puede aumentar la recaudación sin cargarle la mano al bolsillo de las personas.
Es claro entonces, que hay otros caminos para financiar los proyectos del gobierno. Sin embargo, el mandatario en su cuenta pública no le dio importancia al crecimiento económico, ni a la inversión ni a la responsabilidad fiscal. Se trata, por lo tanto, de un tema de prioridades. Algunos se podrían preguntar por qué aunque el Imacec muestre que la economía chilena encadena 3 meses seguidos contrayéndose y el espiral inflacionario todavía no termina, el gobierno insiste en subir impuestos. La respuesta es simple, porque se trata de un tema de principios. El oficialismo está convencido que las empresas tienen que pagar más, que el sistema tributario debe ser desintegrado y que un impuesto al patrimonio de los “súper ricos” es un mínimo de justicia. Por ello, no debe sorprender que se insista con la reforma y se prometa que ciertas medidas populares -como la condonación del CAE- son solo viables con su aprobación. El gobierno no va a descansar hasta lograr su objetivo. Ahora “la pelota” la tiene la oposición.
Agustín Quera Marcet. Dirección de Contenidos Instituto Res Publica.
