Revuelo han causado las palabras del expresidente Piñera respecto a la falta de apego a los principios democráticos por parte del gobierno de Allende, lo que motivó una dura contestación de parlamentarios, como el senador Latorre del Frente Amplio y el diputado socialista Manouchehri, en el sentido de defender su carácter democrático al ser un gobierno electo popularmente.
Lo cierto es que Allende resultó electo Presidente, con sólo el 36,6% de los votos, gracias a un mecanismo de la Constitución de 1925 por el que el Congreso Nacional elegía al ganador si no había mayoría absoluta. Así, la UP y la DC lo apoyaron, estos últimos tras la firma del Estatuto de Garantías que buscaba blindar la institucionalidad, temiendo la vulneración a las normas de convivencia democrática en que incurren los regímenes totalitarios de inspiración marxista, como afirmó el senador Patricio Aylwin en la discusión de la reforma constitucional. Por tanto, el gobierno de la UP fue legítimamente electo según los mecanismos constitucionales existentes.
Sin embargo, para ser democrático no basta con la legitimidad de su ascenso al poder sino que, quizás incluso más importante que ello, requiere también legitimarse durante su ejercicio por medio del respeto irrestricto de la Constitución y las leyes.
Según lo manifestó la Cámara de Diputados en agosto de 1973, el gobierno de Allende «empeñado en conquistar el poder total (…) ha hecho de ellas [violación de la Constitución y las leyes] un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura«.
Así, señala como conductas del Ejecutivo la no ejecución de sentencias del Poder Judicial por efectuar un juicio de méritos sobre éstas y la permanente insistencia ante Contraloría evadiendo la representación por ilegalidad; la violación de la igualdad ante la ley y otras tantas vulneraciones a los derechos establecidos en la Constitución.
En suma, el carácter democrático del gobierno de Allende está lejos de ser incuestionable -en su momento lo cuestionó el Congreso, la Contraloría y la Corte Suprema- pues los hechos demuestran que, a pesar de ser legítimo en origen, podría ser considerado ilegítimo por sus actos. Solo un pensamiento totalitario podría impedir tener distintas miradas sobre un momento que tuvo contradicciones conocidas y relevantes en el debate público chileno.
