El Gobierno del Presidente Boric, tras el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, se encuentra en conversaciones con distintos actores de la sociedad para promover un “pacto fiscal” y así insistir ante el Congreso en el aumento de la carga tributaria que sostienen es necesaria para la agenda de transformaciones propuesta.
En simultáneo conocimos los malos resultados de la prueba SIMCE, que nos muestran la dramática realidad de la educación en nuestro país y lo dañina que fue la postura de la oposición, hoy gobernante, con la administración anterior al aportillar sistemáticamente el retorno a clases durante la pandemia, poniendo los intereses de algunos grupos por sobre el bien mayor de educar a nuestros niños y jóvenes.
Luego fuimos testigos de los escandalosos hechos de la fundación Democracia Viva, institución representada legalmente por la pareja de la diputada frenteamplista Catalina Pérez, a la que el Estado, por intermedio de la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasó más de cuatrocientos millones de pesos. Se trata de una fundación con domicilio en la comuna de Ñuñoa, cuyo registro es de inicios de 2022, es decir obtuvo los fondos con menos de un año de antigüedad, lo que sumado a lo anterior genera muchas dudas en torno al uso de los recursos del Estado y la probidad de los involucrados. Más grave aún es que operaciones similares se habrían replicado en otras regiones.
Ambas situaciones son solo un botón de muestra de la actitud del actual Gobierno frente a la discusión fiscal, en la que prima la idea de aumentar los ingresos del Estado sin detenerse a revisar la forma en que se gasta el dinero. Un Estado que entrega millonarias cifras a fundaciones en condiciones a lo menos cuestionables, y que a su vez es incapaz de enfrentar con firmeza el problema de la calidad en la educación, pareciera que está impedido moralmente de obligar a los ciudadanos a hacer un mayor esfuerzo en su aporte a las arcas fiscales.
Es más, el Estado podría disminuir la carga impositiva. En un reciente estudio publicado por la Universidad San Sebastián, la economista Michele Labbé, sostiene que una reducción de impuestos lograría un mayor crecimiento económico y además un aumento considerable de la recaudación en comparación a la propuesta del gobierno. Es decir, una baja en los tributos impactaría positivamente la recaudación en el largo plazo.
Los que creemos y promovemos la primacía de la persona humana debemos fomentar en la discusión pública que el Estado oriente su actuar realmente al servicio de los ciudadanos y no que grupos de interés con privilegios se sirvan de ellos. Esto se podría lograr a través de un pacto fiscal que reduzca los impuestos, promueva la inversión privada, la creación de empleos, el crecimiento económico y en consecuencia el progreso social.
Juan Pablo Meier, Investigador Instituto Res Publica
