La última encuesta Cadem indica que un 54% de los chilenos votaría en contra de la propuesta de nueva constitución que se plebiscita en diciembre de este año. Dicha cifra es concordante con el manifiesto desinterés de la ciudadanía con el proceso constitucional actual, que no solo está en contra de la futura propuesta, sino que también se muestra cansada del tema constituyente, lo que denota una “fatiga constitucional”.
Una muestra de lo anterior son las iniciativas populares de norma. En el fracasado proceso constituyente anterior, 78 iniciativas lograron más de 15 mil firmas, participaron más de 980 mil personas y se registraron más de 2 millones 800 mil adhesiones a las distintas propuestas. En el proceso actual -hasta el domingo 2 de julio-, han participado 105 mil chilenos aproximadamente, se han recolectado 190 mil firmas y solo 4 iniciativas sobrepasan por ahora el umbral de las 10 mil necesarias para que dichas iniciativas se discutan en el Consejo Constitucional. En otras palabras, el interés de los chilenos en este proceso es escaso, lo que es lógico considerando que el país se encuentra agobiado por la delincuencia, la inmigración irregular y el estancamiento económico. Así las cosas, parece que millones de personas perciben la cuestión constituyente como un asunto de élites, que poco y nada modificará su vida cotidiana.
Pero, por otro lado, es interesante destacar que muchas de las iniciativas populares más votadas hasta el momento provienen de temas que fueron ampliamente discutidos en el proceso anterior. Así, “Con mi plata No”, el “Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”, “Por un Estado sin pitutos, “Una Policía que nos proteja” y “Toda vida cuenta”, representan derechos, instituciones y valores que fueron amenazados en el proceso anterior: la propiedad de los trabajadores sobre los ahorros previsionales, la identidad y tradición nacional, la institución de Carabineros de Chile y la vida del que está por nacer. Es decir, tal como sucedió en el plebiscito de septiembre de 2022 y en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo hay una reacción popular frente a la agenda identitaria y “moderna” que representa el gobierno y parte de la izquierda chilena, y que alcanzó su cénit en la Convención Constitucional.
El tiempo pone las cosas en su lugar y todo indica que la interpretación mayoritaria en torno a que una nueva constitución era la única solución institucional queda en entredicho nuevamente.
Agustín Quera, investigador Res Publica
