La ciudadanía espera que se preocupen de identificar y castigar a los responsables, en vez de hacer intentos por no abandonar una agenda ideológica que ya ha sido rechazada por los chilenos.
Sin lugar a dudas los hechos que hemos conocido a raíz del convenio firmado entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta abrieron una verdadera caja de Pandora y tienen al gobierno del Presidente Boric enfrentando la peor crisis en su año y medio de mandato.
No solamente hemos conocido más información sobre este mismo caso, sino que también sobre otros convenios que implican traspasos importantes de recursos públicos para fundaciones relacionadas con partidos del Frente Amplio (hasta el momento en que escribo esta columna van tres partidos involucrados.)
Sin embargo, en materia política, pero también de probidad y transparencia, no solamente es relevante qué se hizo para que estos hechos no ocurrieran, sino que también lo es cómo se reacciona cuando se conoció esta información, especialmente por parte de las autoridades. En esto hemos conocido reacciones distintas, y una ya le ha costado la renuncia a la Subsecretaria de Vivienda, por su lentitud al abordar este problema.
Por otra parte, personas cercanas al gobierno, incluso del Frente Amplio están intentando lograr, al menos, un triunfo ideológico después de esta derrota política que padecen en la medida que estos hechos se hacen cada vez más conocidos. Este triunfo consiste en que no basta con responsabilizar a quienes han presuntamente defraudado al Estado, utilizando un verdadero mecanismo para estos efectos, sino que la responsabilidad de fondo, sería de nuestro “Estado subsidiario” que impide que el Estado realice estas actividades directamente y por eso se ve obligado a hacer convenios con instituciones privadas para resolver el problema social relacionado.
Este intento ideológico lamentablemente carece de la base más esencial de cualquier institución o política pública: cualquier norma o institución va a tener el efecto adecuado si quienes intervienen actúan de acuerdo con la ley y la buena fe. Si los involucrados no actúan bajo este parámetro, dará lo mismo el tipo de Estado o regulación que tengamos, siempre habrá espacio para quienes quieran aprovecharse de su ventaja particular.
Por otra parte, este argumento también desconoce que en paralelo que se le asignan recursos a la sociedad civil para cumplir ciertas funciones públicas, esto no quiere decir que el Estado se ha quedado atrás en su avance, todo lo contrario. Nunca hemos tenido un Estado tan grande ni con tantas atribuciones. Por eso surge la legítima pregunta del rol y tamaño del Estado. Cómo una institución que no es capaz de fiscalizar adecuadamente los recursos que entrega, va a ser capaz de ejercer ellos mismos la función encomendada. Por supuesto que lo primero es más fácil que lo segundo.
Además, es bien claro que en ninguna parte del principio de subsidiariedad dice que cuando el Estado se hace cargo de una función tiene que asignar los recursos el ex jefe de gabinete de una diputada, que nombraron Seremi bajo su presidencia partidista, hacia una fundación dirigida por la pareja de la misma diputada.
Por último, es bastante cuestionable que los sectores políticos involucrados en el escándalo de este financiamiento irregular intenten una salida tan poco honesta que pueda resultar mucho peor que la propia enfermedad. Legítimamente la ciudadanía espera que se preocupen de identificar y castigar a los responsables, en vez de hacer intentos por no abandonar una agenda ideológica que ya ha sido rechazada por los chilenos.
José Francisco Lagos, Director Ejecutivo Instituto Res Pública
