Son 479 millones de dólares los que ha transferido el actual Gobierno a diversas fundaciones en sus primeros 15 meses de administración. La cifra es alta, especialmente considerando que supera en más de US$150 millones a las entregadas por el ex Presidente Piñera y en más de US$280 millones a las dadas por la ex Presidenta Bachelet, en el mismo periodo.
En vista de los montos involucrados, y de los recientes cuestionamientos que se han realizado a dichos aportes, es relevante disipar dudas y separar aguas respecto a estas organizaciones y reivindicar el rol que tiene la colaboración de la sociedad civil en la consecución del bien común.
Casos como la Teletón, Bomberos, Techo para Chile, Coaniquem y el Hogar de Cristo, entre muchos otros, son clarificadores respecto a cómo instituciones privadas tienen un rol fundamental en satisfacer necesidades públicas y abordar problemas de las familias chilenas, por lo que, protegiendo la autonomía de las personas, el Estado debe ejercer sus atribuciones allí donde los particulares no lo hacen de manera efectiva.
Bajo esa premisa, los aportes estatales a las fundaciones, corporaciones e instituciones de la sociedad civil son, siempre y cuando se cumplan las debidas exigencias de transparencia, probidad, e interés común, beneficiosos para la sociedad toda, siendo piezas claves que favorecen la descentralización, la promoción del bienestar, la eficiencia y la cercanía en la toma de decisiones con aquellos que las requieren.
Sin embargo, a raíz de los gravísimos casos de las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social, en que diversas autoridades de Gobierno y militantes de Revolución Democrática se han visto involucrados en desfalcos de más de 500 millones de pesos, ha quedado al descubierto que el caballo de batalla del Frente Amplio, fundado en declaraciones anti pitutos, anticorrupción y anti malas prácticas, no era más que un relato desfondado del que reniegan con su propio actuar cuando obtienen el poder.
Así, mientras el ministro Jackson se jacta de que el Frente Amplio es poseedor de una escala superior de valores y principios, sus colegas de partido, distribuidos en las reparticiones del Estado, se encargan de superarla financiando a sus amigos y malversando fondos públicos, demostrando que, pese a ser grandes detractores de la subsidiariedad, fácilmente abusan de ella cuando se trata de utilizarla para sus propios intereses partidistas.
Raimundo Astaburuaga Cruz Investigador Equipo Constitucional Instituto Res Publica
