A propósito del “Caso Convenios” algunas voces de izquierda han tratado de sostener que el problema de fondo radicaría en la subsidiariedad del Estado, ya que, según ellos, en virtud de ese principio es que el Estado delega funciones en particulares, para lo que debe traspasar recursos. La solución para ellos sería que el aparato estatal concentre en su administración el desarrollo de estas actividades, como eventualmente sería en un Estado social y democrático de derecho.
Esta idea que se ha tratado de instalar desconoce la esencia de la subsidiariedad, la que consiste en que las personas tengan el espacio y la libertad para crear y desarrollar proyectos, y que el Estado apoye esas iniciativas cuando lo necesiten y sirvan para el bien común. En este sentido, la colaboración público-privada puede ocurrir en el seno de un Estado subsidiario, pero siempre que dicha agrupación persiga una finalidad de bien común que deba recibir el auxilio del poder político. No porque el Estado «delegue» parte de sus «funciones» exclusivas, sino que son actividades que por definición corresponden a las personas y los cuerpos intermedios, quienes puntualmente requieren de apoyo estatal.
En segundo lugar, la afirmación de que esto se solucionaría con un modelo de Estado social fuerte es del todo cuestionable, ya que en dicho modelo también existe la colaboración público – privada, por lo que no existiría la muralla inquebrantable que impediría que fondos del Estado lleguen a organizaciones privadas.
Hay que considerar además, que todos los traspasos cuestionados se realizaron a fundaciones que, a modo de pantalla, formaron parte de un mecanismo para obtener fondos del Estado. Método que entre otras artimañas incluía la parcelación de pagos para saltarse el control de Contraloría. Es decir, se armó una estructura destinada a conseguir recursos del Estado, que se deberían emplear en auxiliar a los más necesitados, con el objetivo de financiar fundaciones con fines netamente políticos.
Si el Estado, para alcanzar ciertos fines requiere la cooperación de la sociedad esta se debe hacer con un control claro, estricto y transparente, porque en definitiva que se produzcan graves hechos de corrupción como los conocidos nada tiene que ver con el Estado social o subsidiario sino con grupos de personas que abusando del sistema, defraudando la confianza entregada a la sociedad civil y torciendo las normas, se aprovechan de la institucionalidad para promover fines propios que no contribuyen al bien común.
Juan Pablo Meier. Investigador Res Publica
