El caso de corrupción que remece a Revolución Democrática continúa generando reacciones en el mundo político y en la ciudadanía.
Sin embargo, parte del oficialismo, como el exconvencional Jaime Bassa y la diputada Ana María Gazmuri, han dirigido sus dardos hacia el principio de subsidiariedad como culpable de los mencionados escándalos. Apuntan específicamente al mecanismo que permite al Estado contribuir a la sociedad civil de no lograr altos estándares de probidad.
Lo anterior es una evidente contradicción. Los militantes investigados se aprovecharon, justamente, de la buena fama de las fundaciones por el rol que cumplen en nuestra sociedad para malversar recursos que pertenecen a todos los chilenos, junto con el abuso de sus conexiones políticas. Lo anterior no es un problema de la subsidiariedad o un mecanismo, sino que de sus propias ambiciones y aprovechamientos.
Es preferible que los esfuerzos del oficialismo se enfoquen en reparar el daño causado a las familias que realmente requerían de ayuda y colaborar con la justicia, en lugar de cargar a otros la falta de probidad de sus correligionarios.
David Angulo. Investigador Equipo Constitucional, Instituto Res Publica
