Tras horas de exposiciones, la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se rechazó en la Cámara de Diputados y Diputadas. Una iniciativa que fue impulsada por los diputados Francesca Muñoz, Christian Matheson, Marco Antonio Sulantay, Henry Leal, Sara Concha, Eduardo Durán, Diego Schalper, Stephan Schubert, Víctor Pino y Karen Medina.
El libelo estuvo marcado por polémicas que el Gobierno y el oficialismo tacharon como homofóbicas. “Es una acusación que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación“, sostuvo la Ministra Vallejo.
Además, dejó un profundo quiebre entre RN y Evópoli, partido que optó por rechazar la acusación constitucional. Esto llevó a Diego Schalper a dejar abierta la puerta a una evaluación sobre si seguirán siendo coalición. Tras afirmar que “decisiones como estas, obviamente son una puñalada al corazón a Chile Vamos“, planteó que “son el tipo de cosas que vamos a tener que estudiar una vez terminada la acusación”.
Lo concreto es que durante los últimos gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric se han realizado 15 acusaciones constitucionales a ministros de Estado y a Presidentes de la República. De ellas, dos fueron en el segundo periodo de la ex presidenta Bachelet y nueve en el gobierno pasado del expresidente Piñera. En el actual gobierno del presidente Boric, en un año y tres meses, se han presentado cuatro acusaciones considerando la del Ministro Ávila.
El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha sido en único imputado en tener un libelo acusatorio aprobatorio. Con esta determinación de las Cámaras, el exministro del Interior no podrá ejercer cargos públicos por cinco años, hasta 2024.
Cinco de las últimas acusaciones constitucionales han sido desestimadas por la cuestión previa que considera que “la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala“.
José Francisco Lagos es abogado y director ejecutivo del Instituto Res Publica plantea que existe un exceso en el uso de las acusaciones constitucionales. “Indudablemente hay un abuso, y en gran parte es porque la institución está completamente desnaturalizada“, manifestó.
“Esta mixtura entre acción jurídica y juicio político ha hecho que las oposiciones se busquen validar a través de estos mecanismos, dejando en segundo o tercer plano, el origen y objetivo inicial de esta institución”, sostiene el académico José Francisco Lagos.
El director ejecutivo del Instituto Res Publica considera que las acusaciones constitucionales son “una válvula de escape para las tensiones entre el Gobierno y el Congreso, o entre el oficialismo y la oposición”.
Sin embargo, Lagos no considera que existan sesgos o discriminación en relación al Ministro Ávila. “Creo que ha habido malas frases por parte de la oposición, pero eso no da pie para la victimización generalizada en torno a este tema”, manifiesta. “La homosexualidad del Ministro no ha sido tema en su mala gestión”, agrega el director.
El ministros Ávila era uno de los dos secretarios de Estado que han sido duramente cuestionados por la oposición. El otro es Giorgio Jackson, quien está en la polémica por el Caso Convenios. En los próximos días se verá cuál será el futuro del titular de la cartera de Desarrollo Social y Familia y si, tras este revés de Chile Vamos y, especialmente RN, pasará a engrosar la lista de ministros acusados constitucionalmente.
