Esta semana se dio a conocer un documento oficial del Ministerio de Salud que fue enviado a la Cámara de Diputados, dando cuenta del total de personas que, siendo parte de alguna lista de espera, hayan fallecido antes de ver resuelta su necesidad de atención.
El año pasado, esta cifra alcanzó las 40.000 personas. Hasta el primer cuatrimestre de 2023, ya superó las 10.000.
¿Esto significa que la causa de muerte de esas personas está directamente relacionada con la atención que nunca llegó? No necesariamente. Si bien en el documento de 2023 no se hace una análisis más acabado, en el informe del año pasado sí se intenta realizar alguna evaluación de la prestación en espera y el posible vínculo de causalidad con el motivo de fallecimiento de los pacientes. Allí se estableció que, al menos en los retrasos vinculados al sistema GES, cerca de un 20% de los decesos podrían estar asociados a la espera.
Es un número preocupante, pero eso no le quita importancia al drama que significa para el resto de los enfermos el que nunca se haya verificado el cumpliento formal que hizo el Estado de Chile, a través de alguno de sus prestadores de salud, de entregar un servicio de atención (ya sea cirugía, atención con especialista u odontológica) antes de que la persona fallezca.
Es decir, decenas de miles de chilenos están condenados, año a año, a padecer una eterna espera. Recibir una promesa que nunca se cumplirá. Y que muchas veces genera un nuevo espacio de dolor en aquellas familias que reciben el llamado de algún hospital que asegura tener una hora de atención para aquel ser querido que ya partió de este mundo, hace semanas, meses e incluso años. Ese es un daño adicional que el sistema estatal sigue perpetrando a miles de familias.
Es por eso que urge modificar el sistema de prestadores estatales, entregarles herramientas que permitan una mejor administración, la participación y colaboración de la sociedad civil y el resguardo de la adecuada utilización de los recursos públicos. Allí cobra especial valor una red robusta y mixta de prestadores.
Es de esperar que el proceso dirigido en el Consejo Constitucional, permita avanzar a paso firme en la construcción de los cimientos de una necesaria reforma a la salud. Una salud sin parches.
Dr. Jorge Acosta, Director del Programa de Salud y Bioética – Instituto Res Publica (IRP)
