Luego de algunas reuniones con el Ministerio de Educación, esta semana el Colegio de Profesoras y Profesores anunció un paro nacional de 24 horas para el día miércoles 26 de julio y otro de 48 para principios de agosto, en caso de no llegar a acuerdo con el gobierno. Esto porque según el gremio, desde el ejecutivo no han respondido de manera contundente a su petitorio que entre otras cosas exige, la reparación de la deuda histórica, una mayor intervención del Estado en la educación, los bonos de retiro, un cambio en el modelo de financiamiento de la educación y la revisión de la jornada escolar.
Este anuncio no debería ser motivo de sorpresa, ya que desde hace un tiempo esta institución, que de acuerdo a la información disponible no representa a la mayoría de los profesores, se ha dedicado al activismo político, defendiendo claramente una agenda de izquierda, y con el pretexto de defender los “intereses de los profesores” ha optado por interrumpir el aprendizaje en las salas de clases dándole la espalda a miles de jóvenes y niños en etapa escolar.
Una muestra de esta actitud la pudimos ver claramente durante la pandemia. En ese periodo, el gremio de profesores a pesar de haber logrado una vacunación preferente contra el coronavirus, insistió que la vuelta a clases era un riesgo y se opusieron permanentemente a los intentos del entonces ministro Raúl Figueroa para retornar a la presencialidad. Incluso con algunos diputados de la entonces oposición promovieron una acusación constitucional contra el titular de la cartera.
Esto lamentablemente nos ubicó como el país de la OCDE que menos clases en sala hizo a causa de la pandemia del Covid 19, llegando a un total de 259 jornadas entre 2021 y 2022. Las consecuencias de esto están a la vista y son lamentables, siendo solo uno de ellos los malos resultados del SIMCE, en los que se aprecia una baja significativa en los resultados con respecto a la medición anterior. Al mismo tiempo, un estudio de Pivotes concluyó que aquellos colegios que abrieron antes durante la pandemia obtuvieron en promedio 70 puntos más que los establecimientos que demoraron su apertura, es decir los niños que más tiempo pasaron en su casa saben menos y quedaron en desventaja respecto de los que fueron al colegio.
En definitiva, un Colegio de Profesores promotor de una agenda política termina por obstruir el aprendizaje de miles de niños y jóvenes, en especial de los más vulnerables que deben matricularse en el sistema público. Si bien podrían llegar a existir demandas legítimas que deben ser abordadas, ninguna de ellas puede justificar una nueva pérdida de clases que termina perjudicando a miles de familias que ven en la educación la mejor herramienta para alcanzar el progreso.
Juan Pablo Meier, investigador Instituto Res Publica
