El 2022, 40.000 personas fallecieron estando en una lista de espera. El primer cuatrimestre de 2023, ya van más de 10 mil. De hecho, uno de cada nueve chilenos aguarda por alguna atención con especialista y 300.000 deben estar más de un año y medio –en promedio– en la fila para una cirugía. Incluso en el sistema GES hemos presenciado preocupantes retrocesos, como el aumento en incumplimientos de garantías de oportunidad en la atención. Casi un tercio del total son por algún cáncer.
A propósito del COVID-19, se produjo un amplio acuerdo nacional en materia de salud: resultaba inaceptable que alguien falleciera por no tener disponible un ventilador mecánico.
Aquello movilizó a cada una de las fuerzas de nuestra sociedad y se dispusieron todos los recursos necesarios para alcanzar la meta, salvando miles de vidas. Asimismo, el exitosísimo proceso vacunación evitó la muerte de 146 mil personas en Chile (The Lancet, 2022).
Estos titánicos esfuerzos, cuyos resultados son digno motivo de orgullo nacional, permiten afianzar la esperanza de resolver otros problemas de la salud que han tenido que soportar largamente millones de chilenos.
Ciertamente, hoy no sufrimos las penurias del Chile de mediados del siglo XX. Un país tan pobre y miserable que registraba la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo, según lo describía el entonces Ministro de Salubridad, Salvador Allende, en 1939. Tampoco debemos padecer flagelos como la severa desnutrición, que afectaba a la mitad de los niños menores de 15 años, según se podía apreciar dramáticamente en nuestras poblaciones y como lo denunció también el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular (1970).
Hoy los dramas son otros, pero la sensación de injusticia permanece perenne. El 2022, 40.000 personas fallecieron estando en una lista de espera. El primer cuatrimestre de 2023, ya van más de 10 mil. De hecho, uno de cada nueve chilenos aguarda por alguna atención con especialista y 300.000 deben estar más de un año y medio –en promedio– en la fila para una cirugía. Incluso en el sistema GES hemos presenciado preocupantes retrocesos, como el aumento en incumplimientos de garantías de oportunidad en la atención. Casi un tercio del total son por algún cáncer.
Y no se trata de un problema exclusivo de recursos, como algunos sostienen. Según un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), entre 2009 y 2019 se aumentó en un 48% los ingresos para servicios hospitalarios en el presupuesto nacional. Lamentablemente, al final de esos 10 años, los egresos hospitalarios disminuyeron en 3%, mientras las cirugías aumentaron en tan sólo un 4% y las camas en un 5%.
A esta grave situación que experimenta el sistema estatal, se suma la crisis del sistema de financiamiento privado –producto de fallos de tribunales y la dilación de órganos colegisladores en concretar soluciones–, así como el desacuerdo en la Comisión Experta que finalizó con la presentación de un articulado, que no entregó suficiente contenido a la protección del derecho a la salud, en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho.
Hay quienes manifiestan que el derecho a elegir asegurador o prestador debiese quedar en manos del proceso político y no zanjarse a nivel constitucional. El argumento de “constitución habilitante”, que funciona en algunos temas, es muy débil en esta área. El país no puede cambiar su sistema de salud con la misma frecuencia con que tiene elecciones generales. Cualquier sistema de aseguramiento de salud necesita fijar las reglas y objetivos en el largo plazo. Por lo tanto, la Constitución es el lugar correcto para tomar esta definición.
Por esta razón, presentamos ante la Comisión de Derechos Sociales del Consejo Constitucional una propuesta que permite equilibrar el reconocimiento de la libertad de elegir que tienen todas las personas con la mutualización del riesgo de enfermar en toda la población, así como también el adecuado uso de los recursos públicos, apoyando a quienes más lo necesitan y permitiendo la colaboración de la sociedad civil.
Proponemos que exista un plan garantizado de salud para todos los habitantes de la República, que cubrirá las prestaciones establecidas por la ley. Las personas podrán elegir entre aseguradores estatales y particulares, así como prestadores de distinto tipo dentro del plan.
Por su parte, el Estado podrá contar con la colaboración de particulares en la administración de la red estatal, así como disponer la integración con los particulares, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, orientado por los principios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos y de responsabilidad fiscal. Y por supuesto, al Estado también le corresponderá la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.
Con esta propuesta esperamos contribuir con ideas estructurales que permitan avanzar en resolver aquellos dramas que sufren quienes están pagando, con su salud, por las ineficiencias del sistema. Urge construir una verdadera salud sin parches.
