"El camino de propiciar la fiscalización ciudadana del correcto uso de los recursos públicos, es un buen camino para mejorar la calidad de vida de las personas con los recursos que ya contamos", comenta el director del programa Constitucional del Instituto Res Publica.
En 1990, el Gobierno de Chile contaba con 18 ministerios para hacer frente a los desafíos políticos, económicos y sociales que el país enfrentaba. En la actualidad, tres décadas después, ya contamos con 24 carteras ministeriales, siendo los últimos Energía; Medio Ambiente; Deportes; Mujer y Equidad de Género; las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
En este sentido, en el Congreso Nacional, avanza con fuerza en un nuevo Ministerio de la Seguridad y el fantasma de la creación de algún otro, como el de adulto mayor, catástrofes o emergencias, rondan en algún escritorio de nuestras autoridades. La idea detrás de este fenómeno es la creencia de que sumar más ministerios, fragmentando las competencias de cada cartera, es una receta siempre efectiva para solucionar los problemas públicos.
Adicionalmente, este crecimiento en nuestras instituciones políticas no ha sido del todo orgánico, y tampoco responde precisamente a necesidades reales de los chilenos. El gasto en materia de salud, en la glosa del Minsal da cuenta de aquello. El gasto en los servicios hospitalarios, aumentó cerca de un 50% entre 2009 y 2019; sin embargo, el porcentaje de prestaciones y de egresos hospitalarios no aumentó más de un 5%. Es decir, el aumento de recursos no llega a los ciudadanos y esta lamentable realidad resulta transversal a la mayoría de las instituciones estatales.
Por consiguiente, el diagnóstico es claro: los problemas del Estado de Chile, no se solucionan, únicamente, con más recursos; sino que requieren de establecer métodos de medición y evaluación del gasto público que permitan al resto de la sociedad contrastar la calidad, eficiencia y eficacia de la labor que realizan las reparticiones estatales.
No podemos olvidar que solo este año el presupuesto del Estado de Chile contempla más de 80 mil millones de dólares, los que se destinarán a financiar ministerios; subsecretarías; secretarías regionales ministeriales; oficinas; servicios públicos, empresas públicas, municipalidades y otros órganos autónomos, todo con sus respectivos programas, funcionarios y gastos corrientes, entre otras numerosas materias.
Para este debate resulta relevante destacar que los recursos fiscales provienen, en su mayoría, de la recaudación tributaria provenientes de las rentas y el I.V.A. Lo anterior, posiciona a ciudadanos y, en particular, a los contribuyentes, en los principales interesados en realizar seguimiento al correcto uso de dichos recursos.
Sin embargo, el principal problema de la fiscalización vía “transparencia” proviene de la dificultad propia de realizar las estimaciones y comparaciones por parte de la ciudadanía por la falta de medición, trazabilidad y facilidad en el acceso a la información de manera que puedan realizar un correcto y efectivo control del uso de los recursos públicos por parte del Estado.
El debate constitucional puede ser una buena oportunidad para dar un importante paso en la materia. Para ello es necesario entonces que se consagre en el texto dos elementos: que se realicen las mediciones y el control necesario al momento en que se ejecutan programas o se gastan fondos estatales y, luego, que los resultados de dicho control estén disponibles de forma pública y sencilla.
Con lo anterior, parece valorable que el anteproyecto haya configurado el derecho de acceso a la información pública fortalecido como un derecho fundamental. Por otro lado, todas las bancadas de los consejeros parecen estar en sintonía en añadir refuerzos al principio de eficiencia y eficacia del Estado. Republicanos y Chile Vamos presentaron una batería de enmiendas en este sentido. El oficialismo, por su parte, también agregó enmiendas que buscan garantizar al denunciante de corrupción y un deber de prevenirla.
Sin embargo, en esta materia hay una alerta relevante a la que se debe prestar atención. Una buena parte de la izquierda política, e incluso algunos descolgados de sectores de las derechas, se ven afectados por la tentación de buscar soluciones sin mayor análisis que impliquen crear nuevas reparticiones públicas, agrandar el Estado, aumentar el gasto público, crear nuevos ministerios o aumentar la carga tributaria a los ciudadanos.
Lo anterior puede ser producto del propio del ideario político, es decir, la creencia de que solo el Estado debe administrar y proveer los denominados derechos sociales: aquellos bienes y servicios relacionados con la educación, salud, pensiones y vivienda, entre otros.
Adicionalmente, hay que considerar soluciones más efectivas a solo inyectar cada vez más recursos al Fisco pueden tener una particular complejidad y conllevar significativos costos políticos. Por ejemplo, la reestructuración o fusión de ministerios podría traer consigo un revuelo de algunos funcionarios públicos, o bien, el diseño de mejores incentivos a la productividad no tienen un resultado a corto plazo y se requiere un esfuerzo que tendrá resultados a mediano o largo plazo.
No obstante, la pregunta es, ¿existe aún la convicción y valentía dentro del espectro político para impulsar las necesarias reformas que hagan que cada peso del Estado llegue efectivamente a los ciudadanos y no estos recursos no se pierdan en burocracia innecesaria, malas políticas o peor aún, en corrupción?
Los consejeros constitucionales, en los meses que le quedan al proceso, tienen una interesante oportunidad de dar un puntapié inicial a este camino lento, pero seguro, de modernización, eficiencia, eficacia y sobriedad estatal. Este camino hará que, sin aumento de gravámenes que extraigan más recursos desde la ciudadanía, se pueda dar solución a las problemáticas comunes más urgentes, como el disminuir las listas de espera en términos de salud, mejorar la calidad de la educación, aumentar las pensiones actuales y futuras o dar mayor seguridad, frente a la delincuencia, a la población en general.
En resumidas cuentas, el camino de propiciar la fiscalización ciudadana del correcto uso de los recursos públicos, es un buen camino para mejorar la calidad de vida de las personas con los recursos que ya contamos y esto, en el contexto político actual, debiera ser una prioridad.
Ricardo Hernández. Director Programa Constitucional Instituto Res Publica.
