El investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública analizó el debate en torno al aborto en Chile,resurgido a propósito de dichos desde el Partido Republicano. "La permisión del aborto es una de las tragedias más graves de nuestra época. Es una urgencia ética que involucra a prácticamente todas las naciones de Occidente y también del Oriente", sostuvo.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo en un programa de televisión el fin de semana que de tener la mayoría en el Congreso, los Republicanos presentarían y aprobarían la iniciativa para derogar la legalización del aborto en tres causales. Esto, que no es nuevo, causó un revuelo enorme.
Por supuesto, los sectores que históricamente han justificado el aborto reaccionaron con molestia, lo que es lógico. Sin embargo, lo más vistoso fue la reacción desde el supuesto mundo afín a Republicanos y de derechas en general, que objetó como un “error estratégico” presentar esa postura, que era mejor “concentrarse en la economía y la seguridad” y “asumir que no hay piso para acabar las 3 causales, incluso son excepciones que se entienden”.
Esto no parece tan lógico. La derrota del 2017, que significó la aprobación de la ley que permite el aborto, fue lamentable, pero no fue por rendición, sino por el avance sostenido de los sectores favorables al aborto.
El compromiso provida, que llevó a casi todas las derechas -y a buena parte del social cristianismo DC- a luchar contra la legalización de la llamada eufemísticamente “interrupción del embarazo” es precisamente consecuencia del principio básico que conforma la concepción de justicia de la civilización occidental: la primacía de la persona humana. Si realmente creemos que el orden social se funda en el respecto irrestricto a la dignidad inherente de cada ser humano y que el conjunto de las normas sociales y jurídicas deben velar por el resguardo total de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, es claro que no se puede admitir bajo ninguna circunstancia que la ley y el Estado permita la destrucción deliberada de personas en gestación.
El modo exacto de su prevención y sanción debe velar por el bien de las mujeres también, teniendo en consideración los condicionamientos que muestran una posición de vulnerabilidad grave, pero en modo alguno suponer que el acto de terminar con esa vida es lícito. En nuestro contexto, esto ha significado, por un lado, desplegar esfuerzos para evitar que se amplíe la autorización legal para la realización de abortos, por ejemplo, mediante la inclusión de nuevas causales o por la liberación total de la práctica. Y en eso hay algo de esperanza para la causa provida todavía: la opinión pública no favorece su permisión total, incluso el proyecto constitucional rechazado contemplaba una regla que favorecía aquello y fue cuestionada ampliamente por la ciudadanía. Pero también implica que, en cuanto sea posible, se debe derogar la ley de las 3 causales.
Las condiciones para ello son complejas de lograr, pero no debe haber espacio alguno para la vacilación. Si en algún momento el Congreso tuviera una amplia bancada provida, una tarea crucial de esos parlamentarios sería acabar con la vigencia de la ley en cuestión, resguardar la vida del no nacido y construir la normativa adecuada para que las instituciones persigan la práctica sin agravar el malestar de aquellas mujeres que recurren a él, forzadas en estado de necesidad.
Por supuesto que es una tarea que exige una alta dosis de realismo, pues lamentablemente la opinión pública hace años que tiene una amplia adhesión a la idea de aceptar el aborto en ciertos casos, como las causales reconocidas en Chile. No solo se requiere generar mayorías políticas capaces de impulsar en los órganos de representación popular leyes y normas que generen una cultura provida.
Un ambiente cultural que celebra y promueve la vida es elemental, pero su ausencia no es circunstancia inhabilitante para que los actores políticos sean claros ante la opinión pública. Por eso mismo, es altamente preocupante el sofisma expuesto en distintas redes sociales por parte de sectores que supuestamente son afines a las derechas. Por un lado, se apela a una supuesta inmutabilidad de las tres causales. Como se aprobaron en el Congreso, hay que dejarlas como están y no procurar su derogación. Esta mezcla particular de determinismo histórico y absolutismo democrático deja mucho que desear. Básicamente la discusión política se debería bloquear en todos y cada uno de los temas que han sido resueltos de una manera particular por el Congreso en un momento y contexto específico -aunque al parecer no valdría el argumento para asuntos económicos, en especial tributos, y de seguridad, vaya a saber uno por qué argumento lógico-. Ninguna forma de disidencia sería admisible, pues basta que una mayoría determinada en una época puntual haya zanjado el asunto irrevocablemente hacia el futuro.
Algo completamente diferente es que muchas personas -por el efecto “pedagógico” de las leyes- acepten como “normal” la permisión del aborto. Eso es lo que se debe revertir en el campo de las ideas y de las opiniones de la población, pero no significa que sea imposible de transformar, y en este caso, de reformar en nombre de la justicia. Además del supuesto curso inexorable de la historia, se objeta que sostener públicamente la intención de derogar las tres causales puede significar un perjuicio electoral. Si las derechas insisten en semejante idea, se pierden opciones de ganar las próximas elecciones. Si fuera cierto que defender la vida humana y su protección en toda etapa de su desarrollo es impopular, es inadmisible concluir de ello que una persona provida debe esconder sus convicciones con tal de aumentar opciones de que los partidos de la centroderecha y la derecha lleguen a La Moneda, o de que lo lleven en la papeleta a cargos de elección popular.
Disimular los propios principios para no escandalizar ciertas ideas-fuerza instaladas en la opinión pública es una forma de deshonestidad y cobardía que es vergonzosa para quien así actúa, resulta injusta para los ciudadanos que no pueden conocer el pensamiento real de los partidos o líderes y, además, se termina pagando caro en política. Al mismo tiempo, sería absolutamente contradictorio con el sentido propio de competir en democracia. Quienes sostienen que hay que ganar afirmando lo contrario a lo que se piensa o perseverando en la ambigüedad, ¿para qué quieren ganar elecciones?
En definitiva, la discusión generada por los dichos de Arturo Squella son otra muestra de la aguda desorientación conceptual y doctrinaria de aquellos que aquejan el debate de las derechas en la actualidad en nuestro país. Es bastante claro que hay representantes políticos dispuestos a ceder en cuestiones sensibles de principios con tal de asegurar mejores resultados en las encuestas, pero que incluso simpatizantes “duros” renuncien a ideas elementales y no transables, como lo es la dignidad de la persona humana para centrarse en lo “económico” es una cruel y clara manifestación del materialismo práctico que amenaza con convertirse en visión dominante en este sector político.
Pero la historia está abierta y la hacen los hombres y mujeres libres. La permisión del aborto es una de las tragedias más graves de nuestra época. Es una urgencia ética que involucra a prácticamente todas las naciones de Occidente y también del Oriente. Cada paso que se pueda dar para promover una cultura de la vida y leyes acordes a ella, así como el auténtico apoyo a los niños y las madres que pasan por situaciones complejas durante el embarazo y crianza, significa un paso en favor de la vida, la paz y la justicia
Jaime Tagle. Investigador del Instituto Res Publica.
