La madrugada del 2 de agosto un grupo de terroristas quemó, entre otras instalaciones, una escuela, una capilla y una posta rural en la comuna de Traiguén, Región de la Araucanía. Este hecho fue reivindicado por la agrupación Resistencia Mapuche Malleco, quienes dejaron un lienzo que decía «con fuego y bala exigiremos el traslado de los prisioneros políticos mapuche».
Estos graves y lamentables hechos, que no se producen de manera aislada en la zona y que sin duda deben ser condenados y perseguidos con toda la fuerza de la ley, nos muestran una realidad dramática que viven miles de personas en la denominada macrozona sur.
El fracaso por parte del Estado en su labor fundamental, el control del orden público, es total. Esto se aprecia con mucha claridad en un video que registra la ocupación ilegal de la Municipalidad de Ercilla, en el que un grupo de mujeres ataca a Carabineros, quienes incapaces de hacer frente a la violencia, terminan por abandonar la escena. Esto se suma a los más de 90 ataques incendiarios en lo que va del año. Se trata de un panorama complejo ante una ausencia absoluta del Estado en la zona.
Esta ausencia del Estado, es especialmente preocupante porque afecta gravemente a familias cuyas comunidades se ven invadidas por la violencia y el terrorismo, lo que trae el consiguiente miedo que se suma a las pérdidas materiales que afectan la educación de los jóvenes y niños, y la atención de salud de las mismas familias y que perturba incluso su vida espiritual, cuestión que es inaceptable en una democracia en la que debe prevalecer el Estado de Derecho.
¿Cómo se llegó a esta situación? De seguro existen varias explicaciones, y una de ellas es, precisamente, que desde hace unos años se ha validado la violencia en el debate público como un método de presión; a la par que las instituciones del Estado encargadas de mantener la paz y seguridad fueron sistemáticamente criticadas en el ejercicio de sus facultades, al punto de ser prácticamente anuladas.
Durante los acontecimientos que se desataron en octubre del 2019, el sector político que actualmente gobierna validó, festejó y hasta promovió esta actitud en la ciudadanía. Es por ello que la reacción del gobierno en esta oportunidad se condice con dicha actitud: se querellaron por estos hechos sin invocar la ley antiterrorista, lo que podemos interpretar como una señal política clara de no querer usar todo el peso de la ley contra los terroristas.
Este conflicto requiere un compromiso amplio de enfrentar la violencia, ya que quien utiliza estos medios para lograr objetivos políticos se excluye del debate democrático, el que debe desarrollarse necesariamente en el marco del diálogo y respeto sin lógicas de fuerza.
Juan Pablo Meier, Investigador del Instituto Res Publica.
