En medio de los debates suscitados en el proceso constitucional por los capítulos que tendrá la nueva Carta Fundamental, 14 consejeros cercanos al oficialismo recurrieron a la Corte Suprema, para reclamar la inconstitucionalidad de cuatro enmiendas presentadas. En particular, refieren a las propuestas realizadas por consejeros republicanos y de Chile Vamos para crear nuevos capítulos referentes a Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, y Paz, Orden y Seguridad Interior.
Los consejeros de izquierda aducen que dichas iniciativas vulneran tanto la Constitución como el reglamento del nuevo proceso, el cual prescribe que sólo se pueden formular enmiendas para «aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto», lo que impediría, según ellos, añadir nuevos capítulos a los ya aprobados por la Comisión Experta.
De esta forma, el recurso interpuesto se sustenta en argumentos meramente formales, dejando de lado el debate sustantivo respecto a las razones o fundamentos para no incorporar un capítulo destinado a las Fuerzas Armadas.
Si recordamos el trabajo de los expertos, la comisionada Alejandra Krauss (DC) sostuvo en su momento que «la tradición constitucional de nuestro país (…) y el derecho comparado nos dice que no es necesario un capítulo». Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, la experta presentó una enmienda para agregar un capítulo de Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad, que fue retirada justo antes de la votación.
Así, parece que la idea de no incluir un capítulo exclusivo en esta materia no responde a asuntos legislativos ni de tradición constitucional. Detrás de la reclamación presentada se hace patente la existencia de una especie de recelo por parte de los consejeros oficialistas a consagrar a las Fuerzas Armadas en un capítulo exclusivo, lo que reafirmaría las declaraciones del presidente de la Comisión de Sistema Político, Edmundo Eluchans (UDI), quien sostiene que se trata de «excusas», y en verdad consiste en un «desaire a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad».
En un contexto nacional en que las cifras de inseguridad y victimización son preocupantes (más del 80% de los chilenos considera que la inseguridad ha aumentado en los últimos doce meses), se hace imprescindible que desde la esfera política se envíen señales a la ciudadanía, que reafirmen la importancia de la seguridad pública y el rol que tienen las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en el mantenimiento de la paz, la democracia y la institucionalidad.
Por consiguiente, sería una excelente señal dotar a las instituciones armadas y de orden de herramientas eficaces para hacer frente a los actuales y futuros desafíos tanto de seguridad interna como de soberanía, qué mejor que hacerlo en un acápite propio en la máxima ley del país.
Raimundo Astaburuaga, investigador del equipo constitucional del Instituto Res Publica.
