Uno de los dramas más grandes de la política chilena actual no solo es la pervivencia de numerosos problemas sociales, sino la falta de interés para asumir con decisión la lucha contra todos y cada uno de ellos.
Chile vive horas complicadas. Para ver esta realidad no es necesario ser especialmente pesimista, sino que para comprenderlo basta mirar el estado de la vida política, el deterioro de la actividad económica o el resurgimiento de graves problemas sociales.
En ocasiones no vemos o le prestamos menos atención a esta realidad por diversas razones: sin duda, antes estábamos peor; hay otros países que están más mal; podemos mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío; el proyecto de la Convención fue derrotado y tantas otras cosas que nos podrían llevar a pensar que, efectivamente, es mejor mirar las cosas con mayor optimismo y espíritu positivo. Me parece que una mirada por el estilo no es del todo errada y tiene sus ventajas, pero tiene una falencia clave, de ser excesivamente conformista o es una posición que simplemente tiende a la mediocridad. Se resume así: podríamos estar peor, por lo tanto es mejor no amargarse.
Me parece que el ángulo con el cual hay que mirar y enfrentar los problemas sociales es diferente, y debe tener al menos tres consideraciones fundamentales. La primera es que una sociedad justa, decente y libre debe aspirar a que las personas tengan el mayor desarrollo material y espiritual posible, debe procurar que la gente viva efectivamente mejor y, por lo mismo, no debe conformarse con las condiciones de miseria o falta de oportunidades que suele acompañar a los países pobres o de ingresos medios. Los países deben y pueden ser más, lo cual representa un problema de objetivos y debe ser parte de la visión común de la sociedad y no de conformismo en la mediocridad.
El segundo aspecto se refiere a la necesidad de tener acuerdos amplios en los temas sociales, lo que podríamos llamar un consenso social, que destacaba el historiador Gonzalo Vial Correa como una necesidad imprescindible a comienzos de este siglo. De alguna manera, eso es lo que logró España con los Pactos de la Moncloa. En Chile estamos al debe: un acuerdo social implica tener un diagnóstico adecuado y, al menos, alguna lista de problemas sociales pendientes y cuáles asuntos deben ser enfrentados con prioridades claras por la sociedad y por las autoridades políticas.
El tercer tema es el sentido de urgencia con que es preciso asumir los problemas sociales. “Los pobres no pueden esperar”, dijo el Papa Juan Pablo II en Chile, en 1987, y esa frase podría ampliarse a otros problemas sociales, algunos de ellos asociados efectivamente a la pobreza y otros de naturaleza distinta. Debería llamarnos la atención la indolencia con que muchas veces se enfrentan algunas cuestiones que siendo graves y dolorosas, no generan mayor interés o se dejan de lado hasta nuevo aviso.
Como en todos los temas sociales relevantes, es evidente que hoy existen visiones diferentes no solo sobre cuáles son los más graves, sino también cómo hay que atacarlos. La pobreza, los pésimos resultados en la enseñanza escolar estatal, la gente que muere esperando una operación, la grave carencia de vivienda, las pensiones insuficientes, la informalidad en el trabajo, la falta de oportunidades y la delincuencia creciente, son algunas de aquellas cosas que quisiéramos no tener, pero que no acosan, acompañan y nos siguen alejando del anhelado desarrollo que –como sabemos hoy– no llegará en el corto plazo, como esperábamos con ilusión hace algunos años.
Me parece que uno de los dramas más grandes de la política chilena actual no solo es la pervivencia de numerosos problemas sociales, sino la falta de interés para asumir con decisión la lucha contra todos y cada uno de ellos. Sin ir más lejos, desde junio hasta ahora hemos visto –con preocupación, vergüenza y hasta indignación– el despilfarro de recursos públicos destinados a fundaciones con fines aparentemente políticos, que están siendo investigados por la justicia y que han recibido una condena transversal. De inmediato se ha generado un acuerdo en el sentido de que las asignaciones se hicieron mal, hubo desprolijidad o derechamente delitos, así como ha surgido una molestia transversal al respecto. Hay quienes han dicho que esos fondos deberían ser concursables y se han dado también otros argumentos en el debate.
Sin embargo, me parece que el problema, tal como se ha desarrollado, oculta o minusvalora la cuestión de fondo en torno al uso de los recursos públicos. El primero es que efectivamente existe mucho malgasto y despilfarro, que a veces no se analiza por desinterés o indiferencia. Parece claro a esta altura que los recursos, siempre escasos y necesarios, no se usan con el cuidado y responsabilidad que corresponde. En esto no se trata de un gobierno u otro, de una administración municipal o una institución determinada, sino que hay una estructura de gasto y de falta de austeridad que dificulta seriamente el uso responsable de los recursos y un gasto dirigido efectivamente a las urgencias sociales.
Hay distintos análisis y estudios que muestran el crecimiento inorgánico del Estado en los últimos años: hoy existen más ministerios, más regiones, más funcionarios y más transferencias estatales que en el pasado, en un camino que parece no tener retorno porque los diferentes gobiernos han sido incapaces de enfrentar la tarea de mejorar el Estado, disminuir la grasa, dejar de lado las obsesiones partidistas y concentrarse efectivamente en los grandes problemas nacionales. En este tema hay intereses creados, temores a grupos organizados e indolencia social, todo lo cual genera un cuadro preocupante y de consecuencias lamentables.
En este escenario, es obvio que sea casi una obsesión gubernativa la idea de subir impuestos, presente en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en la segunda administración de Michelle Bachelet y ahora bajo el presidente Gabriel Boric. Me parece que no corresponde subir los impuestos generales ni tampoco el impuesto al trabajo en un 6%, como se ha planteado bajo el eufemismo de reforma de pensiones. Más que un pacto fiscal Chile necesita un gran pacto social, y los actores políticos serán creíbles al respecto cuando efectivamente disminuyan el gasto habitual, absurdo y mal administrado del Estado, de muchas municipalidades y de tantos organismos estatales, antes de volver a la fórmula fácil, gastada y torpe de subir los impuestos, una vez más, para supuestos fines sociales.
Mejorar la calidad de vida de la población se puede hacer desde hoy mismo, pero eso requiere voluntad política, convicciones sólidas y genuina preocupación por los que menos tienen. De esa manera podrán acercarse a una solución aquellos problemas que muchas veces emergen como las cuestiones sociales más relevantes, y no se perderán en la marea de la burocracia, el gasto mal dirigido y la perpetua procrastinación. ¿Búsqueda de acuerdos? Por supuesto, en todo lo que corresponda. ¿Más impuestos? No, gracias.
Alejandro San Francisco. Directo de Formación, Instituto Res Publica.
