El gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó, durante los últimos meses del año 2022, su proyecto de Reforma de Pensiones, que se construye sobre la base de un alza de la cotización obligatoria en un 6% destinado a componer un sistema de reparto.
Sin embargo, desde entonces, la reforma no ha logrado avanzar en el Congreso y ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, siendo necesario mencionar, para comprender este fenómeno, ciertos aspectos que permiten explican por qué esta reforma está siendo descartada en su diseño original.
Por una parte, diversos sondeos de opinión han demostrado que, de aumentarse efectivamente la cotización en un 6%, más de la mitad de los chilenos espera que dicha alza sea destinada a sus cuentas personales, mientras que, con menor respaldo, se plantea también la posibilidad de que una parte de ella vaya a las cuentas personales de los trabajadores y otra al fondo común.
Pero no nos engañemos: de las personas que estiman que debe dividirse el aumento de cotización, la mayoría espera que el mayor porcentaje vaya a cuentas individuales y no al sistema de reparto, o, al límite, que se dividan en partes iguales, pero en ningún caso que el mayor porcentaje entre al fondo común. La idea de que la totalidad de la cotización adicional sea destinada a un sistema de reparto, como propone la reforma del gobierno, es por lejos la opción que menos respaldo concita en la ciudadanía.
En consecuencia, queda claro el primer vicio de esta medida: asignar el aumento de la cotización, que le pertenece a cada trabajador, al fondo colectivo.
Ahora bien, por otra parte, antes de la discusión sobre el destino del aumento, existe una interrogante aún mayor: De establecerse el sistema de reparto, ¿Cómo debiese ser financiado?
En ese sentido, más de la mitad de las personas estiman conveniente que se financie con aportes estatales provenientes de lo recaudado por la vía de impuestos, mientras que la idea de que se financie con el 6% adicional que cotizará el trabajador, o con las cotizaciones de personas más jóvenes o de mayores recursos es minoritariamente apoyada. Así, el segundo vicio de esta reforma nace incluso antes que el primero: ¿debe financiarse el sistema de reparto impulsado por el gobierno con dinero de los bolsillos de los trabajadores? Aparentemente no.
Pero eso no es todo, diversos países han mostrado durante el último tiempo una preocupación relevante respecto al debate previsional. Sin ir más lejos, en Francia, durante este año, se produjeron diversas manifestaciones generadas a raíz de cambios en la edad de jubilación establecida y en la cantidad de años de cotización necesarios para obtener una jubilación completa. En definitiva, esto no es, en caso alguno, una mera casualidad, nos referimos a un tema tremendamente relevante para las personas, y que no admite improvisaciones ni caprichos a la hora de regularlo.
Pero más notable es lo ocurrido en Holanda. No es sorpresa para nadie que el Sistema de pensiones holandés es de los mejor evaluados del mundo, pero también es claro que, para mantenerse en esa condición, se redireccione hacia la capitalización individual. La reciente reforma al Sistema holandés apunta en lo que pareciera ser la dirección correcta: en primer lugar, una pensión básica garantizada por el Estado, a la cual se agrega el ahorro de los trabajadores con carácter obligatorio en cuentas de capitalización individual, y finalmente un plan de contratación voluntaria. Ahora, ¿Qué se espera con esta modificación legal? Primero, reducir aún más el gasto en pensiones para el Estado holandés, mientras aumenta el aporte privado, y, segundo, apostar a que los jubilados holandeses sigan percibiendo tasas de reemplazo cercanas a sus últimos salarios.
Es necesario, pues, que el gobierno del Presidente Boric, en lugar de mantenerse en su postura de impulsar esta reforma a como dé lugar, oiga lo que los chilenos piden a gritos: que sus ahorros previsionales estén amparados por el derecho de propiedad, que sean heredables a sus familias y que los dineros de los trabajadores no sean utilizados por el Estado para financiar eventualmente gastos del gobierno, sino que exclusivamente para financiar las pensiones en el futuro.
Diego Abuauad, investigador Programa Constitucional, Instituto Res Publica.
