Gran revuelo causó la lectura por parte de parlamentarios del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que denunciaba el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, por parte del Gobierno de la Unidad Popular, a propósito de la conmemoración de los 50 años de dicho documento.
El oficialismo y varios personeros políticos expresaron su rechazo a la lectura de dicho acuerdo, incluido el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien señaló que la democracia debe ser cuidada.
En el mismo sentido, la Bancada del Partido Comunista, solicitó que la Cámara baja condene dicho acuerdo. La parlamentaria Daniela Serrano, por ejemplo, manifestó que “muy bien sabía esa Cámara de Diputados que se extralimitaba de las atribuciones” y que “la Cámara de Diputados tiene una oportunidad de pronunciarse y pedirle disculpas al país”.
Sin embargo, los parlamentarios oficialistas que toman esta posición parecen olvidar que al día siguiente de dicho acuerdo, el 23 de agosto de 1973, la Corte Suprema envió una misiva al Presidente Allende, en un sentido muy similar al del Poder Legislativo.
La carta en cuestión se enmarca en la respuesta a un oficio del Presidente Allende de 12 de agosto de 1973 que, según la Corte, no podía quedar sin respuesta por “distorsionar la ley, exagerar la trascendencia de la tarea administrativa y rebajar la función judicial”.
En cuanto a su contenido hacía presente principalmente las inobservancias a la legalidad en que había incurrido el gobierno y la forma en que se inmiscuía en el quehacer del poder judicial, incluso al dejar en la práctica sin efecto las resoluciones judiciales.
Uno de los temas relevantes fue el deber de presidencia del Poder Ejecutivo en relación con los demás poderes del Estado, específicamente del Poder Judicial, pues, tal deber comporta un seguro para la democracia.
Así, indicaron: “la garantía [del funcionamiento correcto de la institucionalidad judicial] se ha desvanecido ahora cuando el Presidente acogió las erróneas insinuaciones de sus presuntos colaboradores y asumió plena militancia partidaria en la ofensiva desencadenada contra un poder que, sin desvirtuar su oficio, no puede someterse a exigencias o deseos de cualquier otro de los Poderes del Estado”.
Es claro que la democracia debe ser cuidada, eso implica conocer, estudiar y no olvidar nuestra historia y todos aquellos acontecimientos históricos que llevaron al quiebre institucional de septiembre de 1973, y no ser negacionistas de aquellos hechos que tanto el poder legislativo como el judicial denunciaron en su momento.
Constanza Schneider, Investigadora del Programa Constitucional, Instituto Res Publica
