En estos días hemos conocido varias noticias relevantes que, al entenderlas en conjunto, permiten visualizar un panorama crítico de la situación de la salud en nuestro país. La gran pregunta es si las autoridades sanitarias también están haciendo ese análisis. A la luz de sus acciones –y omisiones– pareciera haber más dudas que certezas con respecto a aquello.
Hace algunas semanas, la encuesta Cadem preguntó sobre las prioridades del Ejecutivo: ¿En cuál de los siguientes temas debería el Gobierno dedicar más tiempo y esfuerzo? Las respuestas de las personas fueron claras y contundentes. Luego de seguridad ciudadana, el 41% mencionó “las listas de espera en la salud pública”. Lo que contrastó fuertemente con aquellas iniciativas que parecieran interesar más a la Administración Boric: Pacto Fiscal (3%), elección de la nueva Constitución (2%), 50 años del golpe (1%).
Por otro lado, según informaron cifras oficiales del Ministerio de Salud, hasta junio de este año se han suspendido 17 mil cirugías en los hospitales del país. Un 19% por causas administrativas, un 21% por el equipo quirúrgico y un 44% por el paciente. Consistentemente con aquello, como demostró un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), más del 90% de las razones de suspensión son evitables en caso de existir una adecuada gestión.
Así mismo, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), realizó una paralización solicitando más recursos para bonos (trato usuario), incentivos al retiro y mayor financiamiento a la Atención Primaria de Salud. Ahora, otro gremio de la salud pública, Fenats Nacional, anunció dos días más de paro. ¿Las razones? Siempre las mismas: demandas sindicales varias, esta vez asociadas al término de los contratos de personal a honorarios ingresados para reforzar el sistema público a propósito del COVID, cuya emergencia mundial fue retirada por la OMS hace 4 meses atrás. En contraste, no hubo una sola mención al drama que viven 2,6 millones de pacientes en las históricas listas de espera o a la indigna experiencia que debe vivir uno de cada tres enfermos que, teniendo indicación de hospitalización, deben esperar más de 12 horas en las urgencias de los hospitales.
En paralelo, en la Comisión de Salud del Senado, se está discutiendo la Ley Corta de Isapres y Modalidad de Cobertura Adicional de Fonasa. Sobre esta última, las autoridades de salud han manifestado que se sustentará en licitar carteras de usuarios a seguros privados que entreguen una cobertura adicional a aquellos que utilicen la Modalidad de Libre Elección. El problema es que desde la asociación de aseguradoras han manifestado en todos las instancias los graves problemas de diseño que tiene el proyecto, lo que transformaría en la iniciativa en letra muerta.
Por su parte, en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional se ha estado debatiendo sobre el derecho a la protección de la salud. La mayoría de sus miembros se han abierto a mantener el derecho a elegir que hoy tienen los chilenos, tanto al asegurador como al prestador de salud. No obstante, desde la izquierda no han transigido en pos de alcanzar un acuerdo, a pesar de que 8 de cada 10 chilenos sí desea que la carta fundamental siga resguardando su libertad de elección en salud, como lo han ratificado consistentemente encuestas (Cadem, Chile Nos Habla-USS).
También conocimos los fallos de la Corte Suprema, a propósito de las alzas de las primas GES en los planes de las Isapres. Varios abogados expertos han salido a criticar la justificación que ha entregado el máximo tribunal, al fijar el precio, para todos los usuarios, incluso a aquellos que no eran parte del litigio, eventualmente excediendo sus atribuciones constitucionales y legales.
Esto es de la mayor gravedad, porque cuando es el Poder Judicial el que intenta legislar o resolver problemas de políticas públicas, ciertamente generará conflictos mayores que los que intenta resolver. No sólo por las implicancias relativas al respeto a la separación de poderes, sino a los efectos no previstos por organismos no diseñados y provistos con las herramientas para hacer algo tan complejo como políticas públicas en el ámbito sanitario.
Si las isapres caen en insolvencia, no sólo no podrán pagar lo que la Corte sostiene se debe devolver a sus usuarios, sino que además no serán capaces de hacerse cargo de sus compromisos con las clínicas, las que a su vez terminarán quebrando también. Aquello no sólo perjudica a quienes tienen isapre, sino a todo el sistema sanitario chileno. No hay que olvidar que son 9 millones de chilenos los que se atienden en el sistema privado. De ellos, dos tercios son pacientes de Fonasa.
Además de la crisis del sistema de financiamiento privado, la crisis económica ha generado una migración histórica de personas al sistema público. De hecho, se informó que alcanzaron los 16 millones de usuarios. Sólo en lo que va del año ya han sido más de 400 mil nuevos inscritos y el 60% de ellos migraron desde alguna Isapre. Frente a aquello, el Gobierno sale a celebrar en redes sociales el aumento de las personas que están en Fonasa, en vez de concentrar todos sus esfuerzos en bajar la cantidad de ellos que mueren antes de recibir una atención que el Estado se comprometió a entregarles. El año pasado fueron 40 mil, hasta abril de este año ya van 10 mil.
Como es fácil de observar, el panorama es en extremo complejo y a veces algo desolador. No obstante, es preciso seguir informado a la ciudadanía del detalle de este cuadro, para que aquello pueda permitir que las autoridades tomen las cartas necesarias en el asunto y promuevan las medidas que permitan sacar a la salud de la crisis en la que nos encontramos. La salud está enferma: del Gobierno depende si podrá mejorar o seguir empeorando.
