¿Quiénes son los responsables de la crisis de seguridad en Chile?

29.10.2026

Publicado por El Líbero

El problema de seguridad en Chile tiene como principal culpable a sectores de izquierda aunque hoy se intente decir lo contrario. Sin embargo no parece haber consenso respecto a qué gobiernos o sectores generaron las condiciones para que se produjera ni cómo se fue revirtiendo la tendencia. La realidad es que esta discusión requiere bastante más precisión para entender qué ocurrió, qué responsabilidades corresponden a cada período y cuándo comenzaron a cambiar las tendencias.

Hace casi una década, varios sectores de la derecha, incluidos el expresidente Sebastián Piñera y el actual presidente José Antonio Kast ya planteaban la necesidad de ordenar la situación migratoria, enfrentar con mayor firmeza la inmigración por pasos clandestinos y dar más atribuciones y respaldo jurídico a Carabineros y a la PDI. Este antecedente es relevante porque dicho diagnóstico no era compartido por buena parte de la izquierda chilena. 

Al contrario, existen declaraciones particularmente relevantes desde las izquierdas. Por ejemplo, el 2016 cuando la UDI y RN propusieron un proyecto para expulsar inmigrantes que cometen delitos y regular ingresos al país, el entonces diputado Gabriel Boric contestó esta iniciativa con un “uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. ¡Bienvenidos inmigrantes!”. Además, hay iniciativas rechazadas en ese entonces por la izquierda que posteriormente, en el Gobierno de Boric, terminarían convirtiéndose en leyes, como la tipificación del robo de madera, la Ley de Usurpaciones, la Ley Naín-Retamal, la Ley Antinarco y otras reformas de seguridad pero que en su momento generaron fuertes críticas por parte de los mismos que la terminaron aprobando.

Sin embargo, sería equivocado atribuir toda la responsabilidad a la oposición de entonces. El propio gobierno de Piñera tenía herramientas administrativas y operativas para adoptar una política más estricta frente a la inmigración irregular o al crimen organizado y no las utilizó con la intensidad que se necesitaba. Esto se debió, a la falta de consenso político de los partidos oficialistas de implementar una política migratoria más estricta en esos momentos. Esto además habría provocado una fuerte oposición del Frente Amplio, especialmente del entonces diputado Gabriel Boric, el Partido Comunista y otros sectores de izquierda lo cual implicaba un fuerte costo político para el entonces Presidente Sebastián Piñera.

La izquierda contribuyó al deterioro de la legitimidad política de Carabineros durante y después del estallido social, cuestionaron fuertemente a la institución y algunos dirigentes que posteriormente formarían parte del gobierno de Gabriel Boric realizaron declaraciones particularmente duras en contra de la institución. Nicolás Grau, quien posteriormente fue ministro de Economía y de Hacienda, escribió en 2021: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”. Gabriel Boric, por su parte, sostuvo durante ese período que Carabineros debía ser “refundado” y la presidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez, partido fundado por Giorgio Jackson señaló: “¿cómo quieren que no lo quememos todo?”.

El Presidente Boric no solo agravó el problema de seguridad como diputado: como Presidente de la República en su primer año tampoco le tomaba el peso al problema de seguridad ni cómo este impacta en tantas familias del país. Posteriormente, Carolina Tohá reconocería que la seguridad no había sido una definición esencial al comienzo de la administración y calificaría aquello como “un error completo”. Incluso el mismo presidente Boric confirmó esta declaración diciendo que no tenían como prioridad la seguridad en ese primer año. 

Los datos de homicidios de 2022 confirman esas declaraciones. La tasa de víctimas de homicidios consumados aumentó aproximadamente 46%, alcanzando el máximo de la serie 2018-2022. Algo parecido ocurrió con los secuestros. Según la Fiscalía Nacional, las causas por secuestro aumentaron un 68%. Estos antecedentes permiten sostener que 2022 constituyó un punto especialmente crítico de la crisis de seguridad, atribuible especialmente a la poca prioridad que le dio el Gobierno de Gabriel Boric y tendencias anteriores que existían atribuibles tanto a la oposición del presidente Piñera como a su Gobierno mismo.

El gobierno de Gabriel Boric, forzado por las circunstancias, modificó sustancialmente su política de seguridad y durante su administración el Congreso aprobó más de 60 leyes vinculadas a esta materia. El hecho de que haya cambiado la tendencia de los homicidios luego de estas leyes de seguridad demuestra que las posturas de Sebastián Piñera y de los partidos de derecha en ese momento era la correcta al plantear que estas leyes eran necesarias y que contribuirían a mejorar la seguridad de las personas. Pero también es importante destacar que muchas de esas leyes fueron votadas en contra por diputados de la misma coalición de Gabriel Boric quienes seguían con la misma visión en contra de Carabineros que tenían en años anteriores: en este punto vale la pena recordar que decenas de estas leyes de seguridad fueron votadas en contra por el Partido Comunista. 

Ahora bien, las diferencias políticas sobre estas materias no desaparecieron. Un ejemplo reciente fue la reforma constitucional destinada a ampliar el plazo de detención para materializar la expulsión administrativa de extranjeros. La propuesta obtuvo 88 votos favorables, 28 en contra y 19 abstenciones, pero necesitaba 89 votos para ser aprobada. El Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron a la iniciativa, haciendo recordar la oposición que tuvo Sebastián Piñera en esta misma materia.

El Gobierno de José Antonio Kast no puede perder tiempo en buscar culpables al problema de seguridad que tenemos hoy, pero eso no quiere decir que la ciudadanía no tenga derecho a saber quiénes fueron los que le quitaron el piso a Carabineros y no quisieron aprobar leyes de seguridad sumamente necesarias para el país. El desafío para el gobierno del presidente Kast es profundizar en materia de seguridad mediante una combinación de legislación, control fronterizo, fortalecimiento policial y gestión operativa. Y aunque ya se ha visto una oposición del Frente Amplio y del Partido Comunista intransigente, el Presidente Kast tiene que aprender de los errores de la anterior administración de derecha y no perder la iniciativa en materias legislativas ni administrativas.

Fernando López

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y coordinador de Economía y Sociedad del Instituto Res Publica. Actualmente cursa estudios de magíster en la Universidad del Desarrollo.