A propósito del inédito proceso constituyente que vive el país y
dado un nuevo panorama político, pudimos observar la inexactitud
de las predicciones sobre los resultados de las últimas elecciones,
además del nuevo balance de las fuerzas políticas en la Convención
Constitucional, que incluye un vuelco importante de la capacidad de
los partidos tradicionales.
Para aportar al debate, en Instituto Res Publica quisimos evaluar
el impacto específico de las modificaciones al sistema electoral
aplicado a la elección de convencionales constituyentes, entre otros,
para identificar los posibles efectos de ser adoptadas por otras
instituciones del país, como la Cámara de Diputados o el Senado.
En términos de participación electoral hubo una caída importante
en este ciclo, pasando de 6.673.831 votantes en las elecciones
parlamentarias de 2017 y 7.562.173 en el plebiscito del 25 de octubre
de 2020, a sólo 6.108.676 en el proceso del pasado 15 y 16 de mayo.
Pese a que lo anterior podría ser un elemento relevante del análisis,
existe otro factor que puede explicar en parte los resultados: los
cambios al sistema con el que específicamente se eligieron los
convencionales.
Si evaluamos el impacto electoral de la Ley 21.296 y la Ley 21.298 que
dan origen a la posibilidad de que se construyan listas de candidatos
independientes y los escaños reservados para pueblos indígenas,
y que implicaron además una reducción de los escaños a repartir
en varios distritos, es posible una conclusión relevante: sin estos
elementos, con la votación que tuvieron los candidatos y pactos,
Vamos por Chile habría obtenido más de 1/3 de los convencionales,
aunque Apruebo Dignidad se mantendría como la segunda fuerza
política en la Convención y la Lista del Apruebo como la tercera